En Viña del Mar, Chile, a 15 de enero de 2026, las delegaciones firmantes, representantes de las Cámaras de Comercio, Servicios, Industrias y/o asociaciones gremiales de sus respectivos países de Latinoamérica, acuerdan suscribir el presente Compromiso, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación regional para combatir el comercio ilícito, entendiendo este fenómeno no solo como un problema económico, sino también como una amenaza a la seguridad nacional y una fuente principal de financiamiento para el crimen organizado en la región.
En particular, las partes se comprometen a:
1. Implementar un canal interno de coordinación e intercambio de información en materia de comercio ilícito y delitos asociados
Implementar, junto a las Cámaras y Asociaciones participantes, un canal de coordinación, comunicación e intercambio de información entre las mismas, a fin de facilitar la fiscalización conjunta o colaborativa respecto del comercio ilícito y de los delitos relacionados con este fenómeno en la región.
2. Impulsar la estandarización y/o alineación de criterios de estimación, regulación y marcos sancionadores
Participar activamente en un proceso de trabajo conjunto para proponer a nuestras autoridades una definición estandarizada de los conceptos relacionados con el “comercio ilícito”, del marco regulatorio, los criterios y metodologías de estimación, la determinación de las sanciones y los alcances estratégicos y operativos que deriven de dicha definición, con el fin de mejorar la coherencia y eficacia de las acciones entre los distintos países de la región.
3. Implementar espacios de denuncia de extorsión y comercio ilegal
Crear, fortalecer y promover procedimientos o plataformas de denuncia para casos de extorsión, comercio ilícito y otras prácticas delictivas asociadas, dirigidas a nuestros socios, sus trabajadores y otros interesados, asegurando la confidencialidad, la trazabilidad inicial y la protección de los denunciantes, de acuerdo con las normativas de cada país.
4. Promover la generación de evidencia técnica
Fomentar el desarrollo de estudios económicos y de seguridad (a través de observatorios o alianzas académicas) que dimensionen el impacto real del comercio ilícito en los sectores industriales y comerciales de cada país, con el fin de sustentar las políticas públicas con datos objetivos y verificables.